Bastantes compañeros me preguntan sobre el tema del paso al RETA desde la Mutualidad. Comento lo que, en base a las noticias aparecidas en prensa, se puede saber del asunto.
Partamos que ya en marzo de 2024 el pleno del Congreso aprobó una proposición no de ley del PP que pedía al Gobierno crear una comisión que estudie fórmulas para que “abogados y procuradores puedan trasladar a la Seguridad Social las cantidades cotizadas en sus mutualidades y contar con una jubilación digna”.
Pero es que SUMAR ya registró en diciembre de 2023 otra proposición no de ley con el objetivo de “instar al Gobierno a que realice las acciones necesarias para que se establezca una pasarela al RETA para aquellos abogados y procuradores mutualistas que lo soliciten.”
Estamos casi en diciembre de 2024…
ELECONOMISTA.COM recoge como el PSOE registró en el Congreso el jueves 21 de noviembre una propuesta para abrir una pasarela voluntaria para cotizar y pasar al RETA los derechos económicos acumulados, pero solo para aquellos que estuvieran incluidos en una mutualidad antes del 1 de enero de 2023 y cumplan tres requisitos:
- carecer de un período mínimo para acceder a la pensión de jubilación en la Seguridad Social,
- estar en activo como profesional colegiado a 31 de diciembre de 2022 y
- no tener la condición de pensionista ni en el régimen público ni en la mutualidad.
Aparte de eso, deja abierto a que sea posteriormente el gobierno quien regule cómo se convertirá este dinero en cotizaciones al RETA.
En la propuesta se cambia el volumen de las aportaciones que hacen los abogados y procuradores a las mutualidades de forma gradual, de modo que se equiparen con las que hacen los autónomos al RETA. Así, si ahora aportan el 80% de lo que cotizan las personas que están en el RETA, en 2025, aportarán el 86%; en 2026, el 93% y en 2027, el 100%.
Asimismo, las mutualidades tendrán que equiparar la pensión por jubilación que dan con un importe no inferior al 80% de la pensión mínima que establece la Seguridad Social.
Además, se obligará desde el 1 de enero de 2027 a todos los nuevos abogados que inicien su actividad profesional a cotizar exclusivamente en el régimen de autónomos de la Seguridad Social.
De hecho, esta propuesta recoge las mismas fórmulas que ya recogieron los socialistas en una a la Ley de Eficiencia en la Justicia, enmienda que fue rechazada.
ELPAIS.COM aclara un poco más el tema y así, respecto al primero de los requisitos que antes indicábamos, supone que aquellos que hayan reunido al menos quince años de cotización en el sistema público (por ejemplo quienes son funcionarios y a la vez con despacho privado) y los que no estuvieran en activo en la mutualidad a 31 de diciembre de 2022 no podrán traspasar sus fondos a la Seguridad Social.
Además, aclara algo que eleconomista.com no mencionaba en el sentido que, no sólo deben cumplirse los tres requisitos indicados sino que también: “la primera criba se mantiene en la nueva propuesta al restringir el acceso a esta pasarela a quienes se hubieran dado de alta en las mutualidades antes del 1 de enero de 2013”.
Con la propuesta, para conseguir 15 años cotizados por la base mínima de cotización al Régimen de Autónomos, cada mutualista debería entregar unos 33.000 euros de su fondo en la mutualidad al sistema público. Mientras que, por ejemplo, en el lado contrario, un abogado o procurador mutualista que se fuera a jubilar el próximo año y quisiera cobrar el 100% de su pensión (para lo que en 2025 hará falta haber cotizado 36 años y 6 meses) debería traspasar a la Seguridad Social unos 79.000 euros de su fondo.
En cualquier caso, el acceso a la pasarela no se permitirá, según la propuesta de los socialistas, hasta transcurrido un año tras la aprobación del reglamento que desarrolle la ley que debe aprobarse en primer lugar.
LARAZON.ES se centra en la opinión de los abogados. Así, publica que «La Abogacía rechaza «radicalmente» la propuesta del PSOE para una pasarela al RETA de los mutualistas», precisando que son el «ICAM y el único sindicato de abogados rechazan el plan de los socialistas porque no incluye a todos los letrados afectados por Mutualidad»
El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) considera que esta propuesta «no ofrece una solución efectiva ni integral al problema». El problema que ven de base es que «el planteamiento excluye a los mutualistas pasivos y a aquellos mutualistas que optaron por complementar sus aportaciones con otras fórmulas previsionales».
Y el sindicato de abogados, Venia, incide de que no es una cuestión de que hiciese mal las cuentas por la Mutualidad, sino de que a consecuencia de las modificaciones legislativas como las que han obligado a Mutualidad a transformar el sistema a uno de capitalización individual ha supuesto, como viene advirtiendo, una «pérdida económica importante para los mutualistas porque hemos perdido las prestaciones definidas que teníamos previamente», cuando el sistema era de ahorro colectivo.
Cuando había un sistema de capitalización común «sabíamos exactamente las prestaciones que íbamos a recibir» como pensión de jubilación. El traspaso a uno individual significó no tener garantía alguna «de cuánto percibirían» en el momento del retiro de la vida profesional, pese a que seguían pagando mes a mes lo que Mutualidad pedía.
Además, señala el único sindicato de la abogacía, desde el año 2018 Mutualidad no tenía obligación de comunicarles ni siquiera estas previsiones de pensión que iban a recibir y no dejan de mencionar que estas han ido bajando a partir de entonces y cada año que pasaba.
Esta reducción progresiva de su retribución señala que se debió a una «modificación legislativa en la que aprobaron unas tablas supervivencia que han provocado una bajada en las previsiones de las pensiones que recibirían».
NOTA: La verdad es que recuerdo informes de la Mutualidad donde indicaban una pensión al cumplir 65 años de más de 1.200,00 € mensuales y, de pronto, esa previsión quedó reducida a escasamente algo más de 700,00 €
EUROPAPRESS.ES recoge la postura del Consejo General de la Abogacía. Al contrario del rechazo frontal que hemos visto del ICAM y Venia, el Consejo General de la Abogacía Española cree que la proposición de ley del PSOE sobre mutualistas «abre una oportunidad para encontrar una solución”.
En todo caso, cualquier solución parece que tardará porque desde que se hace una proposición como la del PSOE (que, reiteramos, va en los mismos términos de lo que ya fue rechazado en la enmienda a la Ley de Eficiencia en la Justicia) pero, si todo fuera bien por los plazos reglamentarios, desde que la Mesa del Congreso ordenara su publicación en el Boletín del Congreso, aun quedarían por delante mínimo cuatro o cinco meses (más el plazo que se fije de entrada en vigor). Pero viendo cómo han ido las anteriores proposiciones de SUMAR o PP…
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