En los últimos años, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), como todo el mundo en realidad, ha dado un salto significativo en el uso de herramientas basadas en inteligencia artificial. Así, si cada campaña de la renta traía novedades, pero esto últimos años hay un cambio que muchos contribuyentes ya han notado: Hacienda responde cada vez más rápido. Y en este ejercicio 2025 el cambio es más que evidente. Si antes podías recibir un requerimiento o una comprobación limitada dos o tres ejercicios después (antes de su prescripción), este año, al presentar la declaración del IRPF, es habitual que el propio sistema advierta al contribuyente sobre posibles errores. En otros casos, apenas unos días después, la AEAT puede iniciar un procedimiento de comprobación mediante un requerimiento formal. Lo que antes eran procesos de comprobación posteriores, largos y muchas veces manuales, ahora se han transformado en sistemas automatizados capaces de analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real.
Por ejemplo, imagina que incluyes en tu declaración una deducción por alquiler o por gastos profesionales que no coincide exactamente con la información que Hacienda ya tiene. En cuestión de segundos, el sistema puede marcar esa discrepancia.
Detrás de esta rapidez está, como decíamos, el uso creciente de inteligencia artificial por parte de la AEAT que permite analizar enormes cantidades de información en segundos: datos bancarios, ingresos declarados por empresas, información catastral o incluso lo que se declaró en años anteriores. Con todo ello, el sistema detecta automáticamente posibles incoherencias o situaciones que considera de riesgo.
Desde un punto de vista práctico, esto tiene ventajas claras. Hacienda gana eficacia, reduce tiempos y puede centrar mejor sus esfuerzos en detectar fraude. Para el ciudadano, en teoría, también puede suponer menos errores si se corrigen a tiempo. Pero no todo es tan sencillo.
Este avance tecnológico convive con una decisión normativa que plantea importantes dudas desde la perspectiva de la transparencia. Porque, al mismo tiempo que aumenta el uso de la inteligencia artificial, el Gobierno pretende introducir un cambio poco conocido en la Ley General Tributaria, dentro del marco de la nueva normativa sobre IA, concretamente en en el Proyecto de Ley Orgánica para el Buen Uso y la Gobernanza de la Inteligencia Artificial, publicado el 12 de junio en el Congreso de los Diputados, reforma el artículo 116 de la Ley 58/2003, General Tributaria. Este cambio establece que la información sobre el uso de estos sistemas por parte de la AEAT tendrá carácter reservado -en la práctica, secreto-. Es decir, no se podrá saber con detalle cómo funcionan, qué criterios utilizan o hasta qué punto influyen en las decisiones.
Aquí es donde surge el debate. En un Estado democrático, la transparencia es clave para generar confianza. Si Hacienda toma decisiones, como enviar un requerimiento o iniciar una comprobación, basándose en sistemas automatizados, parece razonable que el ciudadano pueda entender, al menos de forma general, por qué ha sido señalado.
Además, la opacidad dificulta el ejercicio del derecho de defensa del contribuyente. Si no se conocen los criterios que han llevado a una revisión, resulta más difícil argumentar en contra o detectar posibles errores. Y no hay que olvidar que los sistemas de inteligencia artificial no son infalibles: pueden equivocarse o interpretar los datos de forma discutible.
En el fondo, la cuestión no es si Hacienda debe usar inteligencia artificial, porque eso ya es una realidad. El verdadero reto está en cómo hacerlo sin perder de vista los derechos de los ciudadanos. La tecnología puede mejorar el control y la eficiencia, pero debería ir acompañada de reglas claras y de un nivel suficiente de transparencia
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El presente contenido tiene carácter informativo y divulgativo y no constituye asesoramiento jurídico o fiscal personalizado.