Es normal leer y oír distintos “mantras” sobre la ocupación: el derecho a la vivienda, que si grandes tenedores, etc. Quienes los repiten, como buenos borregos, no se molestan en comprobar si lo que les dicen es cierto o no. Ellos balan al son que le tocan. Pues aquí van datos y quien quiera debatirlos, que lo haga con datos.
Derecho fundamental frente a principio rector.
El artículo 33.1 de la Constitución Española (CE) dice literalmente: “Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia”. Además, el artículo 33.3 establece que nadie puede ser privado de sus bienes salvo por causa justificada de utilidad pública o interés social, con indemnización y conforme a la ley. Es decir, debe hacerlo la administración. Aquí la ocupación ni es conforme a Ley ni se indemniza al propietario ocupado.
Por su parte, el artículo 47 CE reconoce que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” y encomienda a los poderes públicos “promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho”. Es decir, no se encomienda que la solución la dé el particular, que puede hacer con su dinero lo que quiera.
Además, la doctrina constitucional y los comentarios jurídicos subrayan que el artículo 47 es un principio rector de la política social y económica, no un derecho fundamental directamente exigible vía recurso de amparo; su efectividad depende de la actuación legislativa y presupuestaria de los poderes públicos.
| Para aclarárselo: el derecho a la propiedad privada y a la herencia es un Derecho fundamental, el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada NO. |
Desde 2018 el Gobierno ha realizado 17 anuncios de vivienda , con metas que suman cientos de miles de viviendas (por ejemplo, 20.000 en alquiler social en 2018; ampliaciones posteriores; en 2023 una promesa total de hasta 244.000 viviendas públicas, etc…).
Según datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (citados por Maldita en octubre 2024 y actualizados a abril 2026), había 120.479 viviendas “movilizadas” (con fondos transferidos a CCAA/ayuntamientos) de un objetivo de 183.000 para la legislatura; y en 2024 el Gobierno hablaba de 80.745 viviendas movilizadas del plan de alquiler asequible, con más de 8.000 en construcción a través de los planes estatales 2018‑2021 y 2022‑2025].
De las 244.000 prometidas solo se habrían entregado unas 350 a finales de 2024. En resumen: hay un déficit notable entre promesas y entregas.
De hecho, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha lanzado este lunes 7 de septiembre de 2026 el portal “Casa 47”, un buscador público de vivienda en alquiler gestionada por el Estado, que arranca con unas 800 viviendas para toda España, de las cuales, la mayor parte se concentra en la Comunidad Valenciana y hay presencia relevante en Galicia, Cataluña, Navarra y Asturias; pero no hay oferta activa en Madrid, Barcelona ni en buena parte de Andalucía, Euskadi o los archipiélagos, a pesar de ser zonas con alta tensión de alquiler. Eso sí, lo primero que crearán, como ocurrió con el teléfono de vivienda puesto en funcionamiento en febrero de 2026, inicialmente 25 «paguitas» para gestionar la línea de teléfono (entre sueldos, seguridad social, coste instalación, etc… no menos de 500.000,00 € al año). Pero, como en el portal ahora creado no hay datos públicos sobre cuántas personas trabajan específicamente en el desarrollo/mantenimiento del portal ni sobre el coste salarial asociado.
Y eso que año tras año, la Agencia Tributaria bate records de ingresos por impuestos, pero la deuda pública aumenta más ¿dónde va ese dinero si las inversiones en infraestructuras, sanidad o educación en manos del Estado bajan cada año? Que cada cual deduzca. Aunque algo ya escribimos al respecto:
«Los grandes tenedores son el problema»
El mantra/balido más repetido.
En España los grandes tenedores representan únicamente el 5% de la oferta residencial total. Un estudio de Atlas Real Estate Analytics indica que los grandes tenedores tienen más de 110.000 viviendas de alquiler que porcentualmente representa únicamente ese 5% de la oferta residencial total. Otras radiografías del mercado (ESADE, informes ministeriales) muestran que el grueso del alquiler sigue en manos de personas físicas y pequeños propietarios, y que los hogares con 10 o más viviendas en alquiler son una minoría (alrededor del 3,6% del stock de alquiler en algunas clasificaciones). Inclúyanse aquí nombres como los diputados socialistas -y cito a los socialistas por que son los que defienden ese mantra contra los grandes tenedores, por lo de la coherencia, vamos: María Mercè Perea: 13 inmuebles; Joaquín Martínez: 10 inmuebles; y varios con 8–9 inmuebles. La propia Ministra de Vivienda según su declaración de bienes oficial, en total dispone de siete propiedades inmobiliarias: 3 pisos (viviendas) 2 plazas de garaje y 2 trasteros, situados en la provincia de Ciudad Real.
Y como olvidarnos de Wyoming -lo de “gran” le queda grande, nunca mejor dicho- con 19 viviendas/inmuebles en total, la mayoría pisos en el centro de Madrid; un chalet de unos 350 m² en el barrio de Arturo Soria (Madrid), valorado en más de 1 millón de euros; otra vivienda en el barrio de Conde Orgaz (también en Madrid), de unos 329 m², una casa heredada en Alcalá de Henares y un terreno de unos 300 m² en Los Negrales (Alpedrete, sierra de Madrid).
O de Miguel Iceta vinculado un patrimonio inmobiliario de 27 inmuebles, valorado en más de 10 millones de euros repartidos entre Barcelona, Girona y Menorca y que controla a través de la sociedad Promoción de Locales Industriales SL, una sociedad que le permite tributar de forma más favorable que si los activos estuvieran a su nombre como persona física.
Y podríamos seguir con datos del resto de quienes favorecen la okupación: por parte de Sumar, Rafael Cofiño (exdirector de Salud Pública), tiene un total de seis inmuebles (cinco viviendas), Agustín Santos, tiene un patrimonio donde se incluyen cinco inmuebles (cuatro viviendas), Alda Recas, tiene un patrimonio de cuatro inmuebles, entre los que se encuentran dos pisos y dos inmuebles rústicos, Francisco Sierra, tiene un patrimonio donde se incluyen tres inmuebles, compuesto por un chalet, un piso y un inmueble rústico, etc.. Y en Podemos, cómo no nombrar a Irene Montero y Pablo Iglesias. Ella tiene, además de la mansión en Galapagar, un piso de 180 m² en San Blas, un apartamento de 100 m² en Tormellas (Ávila) y un total de 130.000 euros en fincas heredadas. Estas propiedades forman parte de la herencia de su padre, quien falleció en 2018, e incluyen el 50% de una vivienda en Madrid, el 50% de una casa, un almacén, y fincas rústicas y urbanas en Ávila.
Cuando todos ellos prediquen con el ejemplo, que entonces pidan lo mismo a los demás.
El Banco de España, por su parte, sitúa a los grandes tenedores en torno al 8% del parque inmobiliario total, frente al 92% en manos de pequeños propietarios, lo que es compatible con que su peso en la oferta de alquiler sea menor y del orden del 5%.
Datos de la ocupación
Según el Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, las denuncias por ocupación ilegal de inmuebles (usurpación + allanamiento de morada) han sido:
-
2020: 14.792
-
2021: 17.274 (máximo reciente)
-
2022: 16.765
-
2023: 15.289
-
2024: 16.426
-
2025: 14.875 (caída de casi un 10% respecto a 2024)
Esto implica, por ejemplo, un promedio de unas 45 ocupaciones ilegales denunciadas al día en 2024
¿Y ocupación en la España vaciada?
Eso sí, no hay apenas ocupación en la España vaciada pese a ofertas de empleo asociadas de algunos Ayuntamientos. Existen iniciativas, pero el impacto demográfico es aún limitado. Hay múltiples programas y plataformas que ponen en contacto a personas con pueblos que ofrecen empleo y/o vivienda (por ejemplo, “Vive en Ambroz” en Extremadura, iniciativas en Soria, y portales como Holapueblo, Proyecto Arraigo, Vente a Vivir a un Pueblo, Pueblos Vivos Aragón, etc.).
Sin embargo, los análisis sobre la “España vaciada” coinciden en que, pese a estas ofertas y ayudas, la fijación de población sigue siendo baja y la despoblación continúa, en parte por la falta de servicios e infraestructuras, que, como no, deben ser servidos por las administraciones públicas.
La realidad, por tanto, es que hay ofertas concretas de algunos ayuntamientos y comunidades, pero hasta ahora no han generado una ocupación masiva ni revertido de forma general la tendencia demográfica porque el «okupa» prefiere pisos en ciudades. ¿Lo de vivir y TRABAJAR en el campo? A las cifras me remito, eso será para otros.
OTRAS ENTRADAS
El presente contenido tiene carácter informativo y divulgativo y no constituye asesoramiento jurídico o fiscal personalizado.