Si lo miras con un poco de perspectiva, la idea de que Hacienda aprieta más a los pequeños mientras los grandes fraudes pasan más desapercibidos ya no es solo la típica queja de sobremesa. Se ha convertido en una sensación bastante extendida. Entre las cifras oficiales, el aumento continuo de la presión fiscal y algunos casos muy mediáticos vinculados al poder, esa percepción ha ido ganando fuerza.
Cuando uno se sumerge en los datos, es verdad que la Agencia Tributaria ha intensificado su actividad en general. Eso no es discutible. Pero también es evidente que una parte muy importante de las actuaciones se concentra en autónomos y pymes. Si además sumas que la clase media soporta cada vez más carga fiscal y que el control sobre grandes patrimonios no siempre es tan visible, es normal que mucha gente sienta que el esfuerzo no se reparte por igual.
Más foco en autónomos y pequeños negocios
En los últimos años, Hacienda ha aumentado claramente las comprobaciones a pequeños negocios y trabajadores por cuenta propia. En 2022 se realizaron cerca de 1,9 millones de actuaciones, y más de 600.000 afectaron a autónomos y pymes, sobre todo por cuestiones de IVA e IRPF. En 2024, el total roza los dos millones, con más de 700.000 requerimientos específicos para revisar su situación fiscal.
Entre 2019 y 2023, este tipo de actuaciones creció alrededor de un 65%. Solo en 2023, inspecciones y requerimientos aumentaron en torno a un 20% respecto al año anterior. Son cifras que no pasan desapercibidas para quien está al frente de un pequeño negocio.
En cambio, las actuaciones dirigidas a grandes empresas, multinacionales y grandes grupos fiscales siguen siendo muy inferiores en número: en 2022 rondaban las 29.000. La diferencia es clara. Y eso alimenta la idea de que el foco está más puesto en quienes tienen menos recursos para defenderse o menos margen para diseñar estructuras fiscales complejas.
Siete años de mayor presión fiscal
Al mismo tiempo que aumentan las inspecciones, también lo hace la presión fiscal. Entre 2010 y 2024, los ingresos tributarios han pasado del 31,1% al 36,7% del PIB. Son 5,6 puntos más, casi el doble del incremento medio de la OCDE en ese mismo periodo.
Si nos centramos en la última década, el salto también es notable: del 33,5% del PIB en 2015 al 36,7% en 2024. Y en los últimos siete años, bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, el aumento ha sido especialmente intenso, situando a España entre los países de la eurozona donde más ha crecido el esfuerzo fiscal.
Además, buena parte de ese incremento ha venido de IRPF, IVA y cotizaciones sociales. Es decir, impuestos que pagan directamente trabajadores, autónomos y pequeñas empresas. No es solo que se pague más; también hay más obligaciones formales, más requerimientos y más carga burocrática. Mientras tanto, el debate público suele girar en torno a grandes casos de fraude o fortunas llamativas cuyo control no siempre resulta tan claro para la ciudadanía.
Casos que alimentan la desconfianza
A este contexto se suman algunos episodios muy mediáticos que han reforzado la sensación de que no todos los contribuyentes reciben el mismo trato.
El caso del hermano del presidente, David Sánchez Pérez-Castejón, generó polémica cuando se conoció el aumento de su patrimonio -en torno a dos millones de euros- tras dejar de presentar IRPF en España en 2021 y fijar su residencia fiscal en Portugal. Según trascendió en los Juzgados, hasta que se abrió la causa penal no constaba una inspección patrimonial previa, algo que en otros escenarios podría haber activado alertas.
El llamado “caso Koldo” también contribuyó a esa percepción. La investigación sobre adjudicaciones públicas destapó una red de presuntos fraudes fiscales, empresas pantalla y ocultación de beneficios. Aunque la trama se inició a partir de actuaciones de Hacienda, su complejidad llevó a muchos a preguntarse por qué estructuras así no se detectan antes o no cuentan con controles más preventivos.
También han aparecido informaciones sobre altos cargos y directivos públicos que han incrementado su patrimonio con rapidez sin que siempre haya una explicación fiscal detallada y pública que despeje dudas. Y, por otro lado, está el debate sobre grandes fondos de inversión y estructuras de private equity* o en castellano de siempre capital privado, que aprovechan exenciones o marcos fiscales muy específicos. Poco a poco se va forjando una idea en el ciudadano de a pie: el sistema parece más exigente con el contribuyente “visible” que con los grandes patrimonios bien asesorados.
| * Cuando hablamos de private equity o capital privado, básicamente hablamos de invertir -directamente o a través de un fondo- en empresas que todavía no están en bolsa. El objetivo no es comprar y vender acciones a toda velocidad, como en el mercado público, sino aportar dinero, conocimiento y contactos durante varios años para transformar la empresa desde dentro, hacer que crezca y luego monetizar ese crecimiento: sacándola a bolsa, vendiéndola a una gran corporación o pasando la participación a otro fondo. |
¿Equilibrio real o sensación de presión selectiva?
Es cierto que la Agencia Tributaria también ha incrementado sus actuaciones sobre grandes fortunas. En 2024 se registró un 40% más de intervenciones respecto a la media de los seis años anteriores. Sin embargo, el importe de la deuda liquidada apenas creció en torno a un 5%.
Ya en 2018 se cerraron 494 expedientes a grandes patrimonios, un 44% más que el año anterior. Es decir, controles existen. Pero en volumen siguen siendo muy inferiores a los dirigidos a autónomos y pymes.
Al final, la percepción pública no se construye solo con estadísticas, sino con comparaciones cotidianas. Cuando un autónomo recibe varios requerimientos por diferencias de pocos cientos de euros y, al mismo tiempo, ve cómo determinados patrimonios políticos o empresariales acumulan millones sin una respuesta fiscal visible, la conclusión emocional surge casi sola.
La combinación de más inspecciones a pequeños contribuyentes, mayor presión fiscal sobre la economía real y poca transparencia en el control de grandes fortunas genera una sensación de desequilibrio. Y esa sensación, independientemente de cómo se interpreten técnicamente los datos, tiene un efecto muy real: erosiona la confianza de muchos ciudadanos en el sistema tributario.
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El presente contenido tiene carácter informativo y divulgativo y no constituye asesoramiento jurídico o fiscal personalizado.