El rechazo del decreto ómnibus en el Congreso no es un simple tropiezo legislativo ni una derrota parlamentaria más. Es la confirmación de un problema político de fondo: la normalización de un modelo de gobierno que asume la ausencia de mayoría parlamentaria y convierte el fracaso legislativo en parte de su estrategia. No se trata solo de lo que ha caído con el decreto, sino de cómo y por qué se ha llegado hasta aquí.
El Gobierno llevó al Congreso un texto que agrupaba medidas sociales, laborales y fiscales de gran impacto -revalorización de las pensiones, mejoras del Ingreso Mínimo Vital, prórroga del escudo social frente a desahucios y cortes de suministros, ampliación del bono social eléctrico, continuidad del salario mínimo, medidas para autónomos e incentivos fiscales- sabiendo que no contaba con los apoyos necesarios para convalidarlo. No fue un error de cálculo: fue una decisión consciente.
Ese dato cambia por completo la lectura política del episodio. El decreto no cayó porque el Ejecutivo desconociera la correlación de fuerzas en el Parlamento, sino porque decidió avanzar aun sabiendo que perdería. Y lo hizo aceptando -o incluso buscando- el coste de que todas esas medidas decayeran de forma simultánea.
La secuencia de los hechos refuerza esta interpretación. Dos horas antes de la votación, el presidente del Gobierno había grabado ya un vídeo señalando al Partido Popular como responsable del desenlace. El mensaje estaba preparado de antemano, antes de que el Congreso se pronunciara, y no incluía reproches a Junts, cuyo voto era igualmente decisivo para la convalidación. El objetivo no era convencer a los socios parlamentarios ni salvar el decreto, sino construir un relato político inmediato, utilizable en clave electoral, en este caso en la campaña autonómica de Aragón.
Este episodio plantea una cuestión de mayor calado institucional: no cabe gobernar sin el Parlamento, ni utilizarlo como un escenario secundario frente a la lógica de la campaña permanente. El Congreso no es un trámite ni un plató desde el que escenificar derrotas calculadas para después capitalizarlas políticamente. Este enfoque instrumentaliza el Congreso, relegándolo a un papel secundario y desvirtuando su función esencial como espacio de construcción de mayorías y acuerdos, y donde se aprueban las normas que afectan a millones de ciudadanos.
El uso reiterado de decretos “ómnibus”, que agrupan materias heterogéneas y fuerzan votaciones en bloque, resulta especialmente arriesgado en un Parlamento fragmentado y sin negociación previa. El resultado es binario: o se aprueba todo o se rechaza todo, sin posibilidad de matices. Las consecuencias prácticas son inmediatas: la revalorización de pensiones, las protecciones frente a desahucios y cortes de suministros, y las ayudas fiscales quedan sin cobertura legal. Autónomos, pensionistas y hogares vulnerables pagan el precio de una estrategia que prioriza el relato político sobre la estabilidad normativa.
El Gobierno sostiene ahora que volverá a tramitar estas medidas por separado. Puede hacerlo, es más, pudo hacerlo antes, pero el daño ya está hecho. No solo se han retrasado decisiones urgentes, sino que se ha transmitido una sensación de improvisación y fragilidad institucional. La ciudadanía percibe que anuncios relevantes dependen menos de acuerdos reales que de la oportunidad política del momento.
Más preocupante aún es el precedente que se consolida. Si se asume que perder votaciones forma parte del plan y que el Parlamento puede utilizarse como un campo de batalla simbólico para reforzar posiciones electorales, el sistema se resiente. La lógica parlamentaria se vacía de contenido y se sustituye por una dinámica de confrontación permanente en la que el acuerdo deja de ser un objetivo.
El rechazo del decreto ómnibus no es, por tanto, solo una derrota del Gobierno frente a la oposición. Es la evidencia de un modelo de gobierno que ha renunciado a construir mayorías estables y que prefiere gestionar la debilidad parlamentaria a corregirla. Un modelo que convierte el conflicto en mensaje y el bloqueo en argumento.
En un contexto económico y social que exige previsibilidad, seguridad jurídica y decisiones sostenidas en el tiempo, esta forma de gobernar tiene un coste elevado. No para el Ejecutivo, que transforma la derrota en campaña, sino para las instituciones y para los ciudadanos que dependen de ellas. Porque gobernar sin el Parlamento no es solo políticamente arriesgado: es, sencillamente, incompatible con la lógica democrática.
A continuación, se presenta un resumen de las medidas incluidas en el decreto y las consecuencias de su rechazo:
| Medida del decreto ómnibus | Consecuencia tras el rechazo |
|---|---|
| Revalorización general de pensiones | La subida prevista del 2,7 % queda sin cobertura legal |
| Incrementos adicionales en pensiones mínimas, no contributivas e IMV | Los incrementos para colectivos vulnerables decaen |
| Prórroga del escudo social frente a desahucios | La suspensión de desahucios a familias vulnerables deja de aplicarse |
| Prohibición de cortes de suministros a hogares vulnerables | Fin de la protección frente a cortes de luz, agua o gas |
| Ampliación del bono social eléctrico | Los descuentos extraordinarios para consumidores vulnerables quedan en el aire |
| Prórroga del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) | Se pierde la vigencia de la prórroga; SMI queda pendiente de nueva regulación |
| Congelación de cuotas de autónomos | Sin garantía legal de mantener las cotizaciones |
| Jubilación anticipada para bomberos forestales y agentes medioambientales | Pierde cobertura legal la posibilidad de jubilarse anticipadamente |
| Deducciones fiscales por compra de vehículos eléctricos | Las deducciones previstas desaparecen |
| Bonificaciones fiscales por eficiencia energética en viviendas | Las deducciones previstas desaparecen |
| Prórroga del régimen de módulos para autónomos | Los autónomos pierden la prórroga y estabilidad fiscal |
| Exención de declarar IRPF para perceptores de desempleo | Los perceptores de desempleo vuelven a estar obligados a declarar |
| Ayudas fiscales por daños de la DANA y otras catástrofes | Las exenciones y beneficios fiscales desaparecen |
| Ajustes en la financiación de comunidades autónomas | Las entregas a cuenta y apoyos financieros quedan sin efecto |
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