Vivimos en una época paradójica. Nunca antes habíamos tenido acceso a tanta información y, al mismo tiempo, nunca había sido tan intenso el debate sobre qué se puede decir, publicar o escuchar. Hay días en los que uno abre el móvil y siente que todo grita. Opiniones extremas, titulares incendiarios, polémicas fabricadas y debates que no llevan a ninguna parte. Fake news, bulo, fango, etc… son expresiones que oímos a diario hasta el aburrimiento. A mí, al menos, me pasa.
Todos practicamos algún tipo de autocensura, aunque no siempre lo llamemos así. Cuando dejamos de leer un periódico porque no conecta con nuestros valores, cuando silenciamos a un tertuliano en la radio o cuando abandonamos una red social que nos resulta tóxica, estamos ejerciendo una decisión individual. No estamos imponiendo nada a nadie: simplemente protegemos nuestro tiempo, nuestra atención y, por qué no decirlo, nuestra salud mental.
Este principio es sencillo y poderoso. Si un medio no me aporta, no lo consumo. Punto. No necesito que lo cierren, que lo sancionen o que lo hagan desaparecer. Mi desacuerdo no me otorga ningún derecho sobre la libertad de los demás. Al contrario, asumir que cada persona puede -y debe- filtrar por sí mismo refuerza una sociedad plural, donde conviven ideas incómodas, erróneas o provocadoras junto a otras más afines. La diversidad de opiniones no es un problema a resolver, sino una condición necesaria del debate democrático. Y eso sí, un debate democrático exige datos que lo respalden. No basta con negar todo lo contrario «porque sí» o «porque lo digo yo»: hay que rebatirlo con datos contrastados y verificables.
No leer algo no es lo mismo que prohibirlo
Yo no leo todo. Nadie lo hace. Todos filtramos. Elegimos. Ignoramos. Y eso está bien. Es más: es sano. No tenemos tiempo ni energía para consumirlo todo, así que seleccionamos lo que encaja con nuestros intereses o valores.
Pero hay una línea muy clara que, en mi opinión, no deberíamos cruzar: una cosa es decidir qué no quiero leer yo y otra muy distinta es decidir qué no deberían poder leer los demás.
Que algo me moleste, me indigne o me parezca una barbaridad no me da derecho a pedir que lo silencien. Porque si aceptamos ese principio, entramos en un terreno muy peligroso: el de pensar que alguien -normalmente el poder- debe decidir qué ideas sobran.
Y ahí la historia empieza a torcerse.
Cuando el Estado decide qué se puede decir
Cada vez que un gobierno intenta cerrar medios, limitar opiniones o controlar qué discursos son aceptables, suele hacerlo con buenas palabras. Se justifica la censura con buenas intenciones: proteger el orden público, evitar la desinformación, salvaguardar la unidad nacional. Pero esos argumentos, repetidos una y otra vez, han servido históricamente para silenciar disidencias legítimas y concentrar el poder. En una democracia madura, las ideas se combaten con argumentos, no con prohibiciones. El precedente de cerrar un medio “porque no nos gusta” es peligrosísimo: mañana puede usarse contra cualquier otra voz incómoda.
España no necesita imaginar escenarios hipotéticos. Ya ha pasado por esto. Varias veces.
Primo de Rivera: la censura como norma
Tras el golpe de Estado de 1923, la dictadura de Miguel Primo de Rivera instauró de inmediato la censura previa militar. Los periódicos debían someter sus contenidos al control de la autoridad, que decidía arbitrariamente qué podía publicarse. Incluso se prohibieron los espacios en blanco que delataban cortes del censor: la censura debía ser invisible.
La llamada “seña Anastasia” no solo controlaba la información, sino que la homogeneizaba. Lo más llamativo es la arbitrariedad: lo que se prohibía en un medio podía permitirse en otro. No había reglas claras. Solo poder. Y cuando la libertad depende del criterio del que manda, deja de ser libertad.
La Segunda República: libertades en suspenso
La Constitución de 1931 proclamó la libertad de expresión y abolió la censura previa. Sin embargo, la práctica fue más compleja. Leyes como la de Defensa de la República o la de Orden Público permitieron sanciones, cierres de medios y estados de excepción. Gobiernos de distintos signos -de izquierda y de derecha- utilizaron estas herramientas para controlar la prensa cuando se sentían amenazados.
El resultado fue una contradicción constante entre el texto constitucional y su aplicación real. No fue una censura total, pero sí una demostración de algo incómodo: incluso los sistemas democráticos pueden recortar libertades cuando sienten miedo, presión o consideran que el fin lo justifica. Y eso debería hacernos pensar.
El franquismo: censura total y sistemática
Con la victoria franquista en 1939, la censura alcanzó su forma más extrema. La Ley de Prensa de 1938 convirtió a los medios en instrumentos de propaganda estatal. No solo se cerraron cabeceras republicanas, sino que se impusieron consignas obligatorias y una vigilancia exhaustiva sobre libros, cine, teatro y radio.
Durante décadas, censores revisaron cada obra, prohibiendo autores, temas y hasta palabras. Aunque la Ley Fraga de 1966 eliminó formalmente la censura previa, el control siguió existiendo de otras formas hasta el final de la dictadura.
Por eso prefiero elegir yo
Todo esto no lo cuento por nostalgia histórica ni por academicismo. Lo cuento porque creo que la lección sigue siendo válida hoy. Cada vez que alguien pide cerrar un medio “porque hace daño” o silenciar una red o un programa “porque desinforma”, me acuerdo de lo fácil que es justificar la censura y de lo difícil que es luego deshacerla.
Resulta inquietante ver a quienes se autoproclaman defensores de la libertad de expresión pedir la cabeza, el despido o incluso la prisión de un periodista por pensar distinto o celebrar el cierre de medios incómodos; demuestra que su compromiso con la libertad termina justo donde empieza la discrepancia. Su libertad solo vale cuando todos piensan igual que ellos.
Yo prefiero otra vía, mucho más simple y mucho más libre: ELEGIR. Elegir qué leo, qué escucho y qué ignoro. Defender que los demás puedan hacer lo mismo, aunque lean cosas que a mí no me gustan. La libertad de expresión no consiste en oír solo lo que nos tranquiliza. Consiste en aceptar que una sociedad plural es ruidosa, incómoda y, a veces, molesta. Pero también es la única forma de evitar que alguien decida por nosotros. La historia española lo deja claro: cuando el Estado calla voces, todos acabamos perdiendo. Cuando cada uno asume su responsabilidad y decide por sí mismo, la libertad tiene una oportunidad real.
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