Vivimos en una época paradójica. Nunca habíamos tenido acceso a tanta información y, al mismo tiempo, nunca había sido tan intenso el debate sobre qué se puede decir, publicar o escuchar. Hay días en los que uno abre el móvil y siente que todo grita: opiniones extremas, titulares incendiarios, polémicas fabricadas, debates circulares que no llevan a ninguna parte. “Fake news”, bulos, fango… Son palabras que escuchamos a diario, hasta el cansancio. A mí, al menos, me pasa.
En medio de ese ruido constante, todos practicamos algún tipo de autocensura, aunque no siempre lo llamemos así. Cuando dejamos de leer un periódico porque no conecta con nuestros valores, cuando cambiamos de emisora para no escuchar a un tertuliano que nos irrita o cuando abandonamos una red social que nos resulta tóxica, estamos tomando una decisión personal. No imponemos nada a nadie; simplemente protegemos nuestro tiempo, nuestra atención y, por qué no decirlo, nuestra salud mental.
El principio es sencillo: si un medio no me aporta, no lo consumo. Punto. No necesito que lo cierren ni que lo sancionen. Mi desacuerdo no me da ningún derecho sobre la libertad de los demás. Al contrario, asumir que cada persona puede -y debe- filtrar por sí misma fortalece una sociedad plural, en la que conviven ideas incómodas, equivocadas o provocadoras junto a otras con las que nos sentimos identificados.
Eso sí, una sociedad plural no significa una selva sin reglas. Un debate democrático exige argumentos y datos verificables. No basta con negar lo que no nos gusta “porque sí” o “porque lo digo yo”. Si algo es falso, se rebate con información contrastada. Si es una opinión discutible, se discute. Así funciona una conversación adulta.
No leer algo no es lo mismo que prohibirlo
Yo no leo todo. Nadie lo hace. Todos filtramos, elegimos, ignoramos. Y eso es sano. Es más: es sano. No tenemos tiempo ni energía para consumirlo todo, así que seleccionamos lo que encaja con nuestros intereses o valores.
Pero hay una línea muy clara que, en mi opinión, no deberíamos cruzar: una cosa es decidir qué no quiero leer yo y otra muy distinta es decidir qué no deberían poder leer los demás.
Que algo me moleste, me indigne o me parezca una barbaridad no me da derecho a pedir que lo silencien. Porque si aceptamos ese principio, entramos en un terreno muy peligroso: el de pensar que alguien -normalmente el poder- debe decidir qué ideas sobran.
Cuando el Estado decide qué se puede decir
Cada vez que un gobierno intenta cerrar medios, limitar opiniones o controlar qué discursos son aceptables, suele hacerlo con buenas palabras. Se justifica la censura con buenas intenciones: proteger el orden público, evitar la desinformación, salvaguardar la unidad nacional. Pero esos argumentos, repetidos una y otra vez, han servido históricamente para silenciar disidencias legítimas y concentrar el poder.
En una democracia madura, las ideas se combaten con argumentos, no con prohibiciones. El precedente de cerrar un medio “porque no nos gusta” es peligroso. Hoy puede dirigirse contra una voz incómoda para unos; mañana, contra cualquier otra.
España no necesita imaginar escenarios hipotéticos. Ya ha pasado por eso.
Durante la dictadura de Primo de Rivera, la censura previa militar se convirtió en norma. Los periódicos debían someter sus textos al control de la autoridad, que decidía arbitrariamente qué podía publicarse. Incluso se prohibieron los espacios en blanco que delataban los cortes del censor: la censura debía ser invisible. No había reglas claras; había poder.
La Segunda República proclamó la libertad de expresión en su Constitución, pero también aprobó leyes que permitían suspender garantías, cerrar medios y sancionar publicaciones. Gobiernos de distinto signo recurrieron a esas herramientas cuando se sintieron amenazados. No fue una censura total, pero sí una muestra de algo incómodo: incluso los sistemas democráticos pueden recortar libertades cuando sienten miedo o presión.
Con el franquismo, la censura fue sistemática y asfixiante. Los medios quedaron subordinados al Estado, se cerraron cabeceras y durante décadas libros, películas, obras de teatro y artículos pasaron por el filtro del censor. La libertad no era un derecho; era una concesión. Aunque la Ley Fraga de 1966 eliminó formalmente la censura previa, el control siguió existiendo de otras formas hasta el final de la dictadura.
No hace falta recrearse en el pasado para entender la lección: cuando el poder decide qué voces pueden o no pueden escucharse, el margen de libertad se estrecha para todos.
Por eso prefiero elegir
No menciono estos episodios por nostalgia histórica ni por academicismo, sino porque creo que la enseñanza sigue siendo válida. Cada vez que alguien pide cerrar un medio “porque hace daño” o silenciar una red o un programa “porque desinforma”, recuerdo lo fácil que es justificar la censura… y lo difícil que resulta revertirla después.
También resulta inquietante ver a quienes se presentan como defensores de la libertad de expresión reclamar despidos, vetos o incluso castigos penales para periodistas o comunicadores que piensan distinto. La libertad no puede ser selectiva. No puede depender de si la opinión nos gusta.
Yo prefiero una vía más sencilla y, en el fondo, más exigente: elegir. Elegir qué leo, qué escucho y qué ignoro. Y defender que los demás puedan hacer lo mismo, aunque consuman contenidos que a mí me incomodan.
La libertad de expresión no consiste en escuchar solo aquello que nos tranquiliza. Consiste en aceptar que una sociedad plural es ruidosa, a veces incómoda y, en ocasiones, irritante. Pero también es la única manera de evitar que alguien decida por nosotros qué podemos pensar.
Cuando el Estado calla voces, todos perdemos. Cuando cada uno asume su responsabilidad y ejerce su criterio, la libertad deja de ser una palabra abstracta y se convierte en una práctica real.
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