Partiendo del hecho innegable que todo lo que sea obtener que alguien te preste o deje dinero es, o debe ser bueno, para la economía española, hay que ver fríamente, sin neuronas ideológicas por medio, qué supone el acuerdo y, sobre todo, qué supondrá para los contribuyentes de “a pie”.
No hemos de perder de vista que la mitad de lo obtenido ha de devolverse, y respecto a la “subvención”, lo más interesante es que, pese a quien pese, lo cierto es que, incluso el importe obtenido como “subvención a fondo perdido” (unos 72.000 millones de euros), primero, será entregado a lo largo de seis años (es decir, unos 12.000 millones anuales) y, segundo, el fondo de recuperación obliga a explicar cómo aplica los recursos a los objetivos firmados, en otras palabras, serán inspeccionados.
Por lo primero, 12.000 millones anuales puede parecer una enorme cantidad a fondo perdido, hasta que la comparamos con el importe del gasto mensual en pensiones (cercano a los 10.000 millones mensuales), lo que nos hace ver la realidad del importe.
Por lo segundo, el control o fiscalización de dónde se gastarán esos 72.000 millones. Y se nos exigirán -a todos- medidas “coherentes”, con el agravante que los grandes males de la economía española: el déficit público español y la deuda pública están ya en niveles récord.
¿Qué soluciones se adoptarán por lo distintos países? Comparándonos con la gran beneficiada, por delante de España, en la obtención de estas ayudas, en prensa ya hemos leído como Italia bajará sus impuestos (como también lo harán Alemania, Francia…). ¿Y aquí? Pues parece ser que subirá todo: IRPF, IVA, Impuestos Especiales, Sociedades, IBI y los impuestos locales y autonómicos. Nada nuevo, por otra parte, pues desde el primer momento, el Partido Socialista con su ministra de Hacienda a la cabeza, han propugnado esas subidas así como la “recuperación” de los impuestos sobre sucesiones y donaciones para toda España. Ello se sumará a las nuevas tasas previstas para financiar las nuevas políticas medioambientales y las llamadas tasas Robin y Google, los impuestos a las transacciones financieras y a las tecnológicas, que, no nos llevemos a engaño, serán finalmente repercutidas a nosotros, al contribuyente final.
Por ahora hecho en falta, una voluntad de recorte efectivo de gasto público: seguiremos con 22 ministros frente a los 12 de la malvada Holanda o los 14 de Alemania. Curiosamente ¿Quiénes son los países con más Ministerios? España e Italia con 22 y Portugal con 19 ministerios y 50 secretarios de Estado.
Según la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que acaba de cerrar Presidencia del Gobierno a mes de junio de 2020 Sánchez cuenta en la Moncloa con 114 asesores (con el nivel 30, el más alto de retribuciones) y 542 trabajadores. Es decir, sólo Moncloa tiene 656 personas a su cargo.
En este sentido, sería deseable que los mimos criterios de control que le exigirán las autoridades europeas, el Gobierno lo trasladara a su propio control, para reducir ese ingente volumen de gasto público. Entonces sí habrá ocasión de aplaudir, en lugar de, como veremos, aumentar, aumentar y amentar impuestos a los contribuyentes.