En este caso la Junta de Andalucía, y más concretamente su rimbombante Consejería de Hacienda y Financiación Europea, que se dedica a “comprobar” las ventas, herencias y cualquier otra operación en la que huela que puede rascar unos euros al contribuyente.
La última, un administrado -uno de nosotros, vamos- al que le envían una comprobación de valores por la diferencia entre lo que ha declarado en una operación y lo que la Consejería de Hacienda y Financiación Europea cree que vale.
De esta forma, recibe por una parte 3 folios con todo el argumentario jurídico -el mismo para todas- por el que le reclaman la cantidad que le reclaman, y se incorporan otros 10 folios de un supuesto informe elaborado por el perito de la administración para justificar la cantidad que debe pagar de más. Informe que, adelanto, es de los que la Consejería de Hacienda y Financiación Europea, los Tribunales Económico-Administrativos y hasta Rita la Cantaora saben que es NULO, así en mayúsculas. Pero lo adjuntan.
Es decir, que el contribuyente ha recibido 13 folios, con su consiguiente gasto de papel y tinta, tres elaborados por un funcionario que cobrará por ese trabajo, otros 10 por un perito de la administración que cobrará por ese trabajo y todo ello enviado por correo certificado con acuse de recibo.
Pues bien todo ese gasto (folios, tinta, funcionarios y certificado de correos) para reclamar al contribuyente la increíble cantidad de ¡¡43,00 €!! Sí, 43, no 430,00 ni 4.300,00. CUARENTA Y TRES EUROS.
Eso, en cualquier empresa privada sería una actuación antieconómica, pero como es la administración suponemos que hacen suya la famosa frase de la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo de “el dinero público no es de nadie”, y envían estas liquidaciones que, aunque el contribuyente las pague -¿cuánto le costaría presentar un recurso y casi seguro una reclamación económico-administrativa?-, seguirá siendo deficitaria para la administración que, al final, somos todos.